La Audiencia Nacional inicia este martes 13 de octubre el juicio sobre las adjudicaciones vinculadas al campo de golf que el Canal de Isabel II instaló sobre su tercer depósito, en Chamberí. La vista coloca ante el tribunal al expresidente madrileño Ignacio González y a otras cuatro personas por dos contratos de construcción y gestión de las instalaciones. La Fiscalía sostiene que la contratación benefició a una empresa relacionada con familiares de González. Esa es la tesis de la acusación, que deberá probarse durante el juicio.

El proceso corresponde a la pieza separada número 2 del caso Lezo, conocida como Canal Golf. Su interés para Madrid está en el destino de los contratos de una empresa pública regional y en cómo se justificaron las decisiones que permitieron ejecutar y explotar unas instalaciones deportivas sobre un depósito de agua. La vista examina hechos de hace más de veinte años, no la totalidad de las operaciones investigadas bajo el nombre de Lezo.

Cinco procesados y dos contratos bajo examen

Además de González, están procesados el exdirector gerente del Canal Ildefonso de Miguel, José Antonio Clemente y los socios de TCT Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de cohecho. La condición de procesado no acredita responsabilidad penal y todos conservan la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme.

La primera contratación discutida parte del proyecto para consolidar, impermeabilizar y ajardinar la cubierta del tercer depósito del Canal. En 2003, la empresa pública encargó las obras a ACS, cuya actividad constructora pasó a Dragados. La investigación sostiene que en 2004 se modificó el proyecto y que el cambio tenía tal alcance que habría exigido una nueva licitación. El auto de apertura de juicio oral atribuye a González y a De Miguel una intervención para que Dragados recibiera el encargo modificado con la condición de subcontratar parte de los trabajos con TCT.

El segundo contrato se refiere a la gestión, explotación y ajardinamiento de las instalaciones deportivas. TCT concurrió dentro de una unión con otras empresas. La acusación examina si las dos adjudicaciones respondieron a necesidades y procedimientos regulares o si se diseñaron para canalizar trabajo hacia una sociedad vinculada a los familiares del entonces vicepresidente regional. La decisión corresponde al tribunal después de escuchar a las partes y examinar la documentación.

Según la tesis recogida en el auto de apertura, TCT no tenía capacidad técnica para ejecutar los trabajos y volvió a subcontratar parte de ellos a Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. El auto cifra en 504.780 euros el beneficio total atribuido a TCT por las dos operaciones. Esa cantidad se refiere al beneficio de la empresa, no a una suma que el tribunal haya declarado probada ni a un importe que pueda atribuirse sin más a González. La acusación deberá explicar qué pagos considera irregulares, quién los recibió y qué papel atribuye a cada procesado.

Las peticiones de pena reflejan acusaciones distintas

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para cada uno de los cinco procesados por dos delitos de cohecho. Para González reclama además una multa de 550.000 euros. La Comunidad de Madrid, que comparece como acusación particular, pide para el expresidente una pena de 16 años al añadir otros delitos a su calificación. La petición de la Comunidad supera en diez años la de la Fiscalía. Son solicitudes de las acusaciones, no condenas anticipadas. Las defensas podrán discutir tanto la interpretación de los contratos como la atribución de beneficios y la participación individual de cada acusado.

La diferencia entre esas peticiones importa para entender el procedimiento. En una misma vista pueden coexistir calificaciones distintas sobre unos hechos comunes, porque cada acusación sostiene su propia lectura jurídica. El tribunal no está obligado a aceptar ninguna de ellas. Tendrá que decidir qué hechos considera acreditados y qué consecuencias jurídicas corresponden, si aprecia que se cometió algún delito.

Una pieza concreta dentro del caso Lezo

Lezo agrupa varias líneas de investigación relacionadas con la gestión del Canal de Isabel II, pero cada pieza trata operaciones y periodos distintos. El juicio de Canal Golf se centra en las adjudicaciones del campo de Chamberí. No juzga la compra de la sociedad colombiana Inassa ni la adquisición de la brasileña Emissao, ni el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero. Confundir esas ramas llevaría a atribuir a esta vista hechos, acusados o cifras que corresponden a otros procedimientos.

La Fiscalía General del Estado ya describía Canal Golf como la pieza número 2 y registró que en junio de 2021 presentó acusación por cohecho contra cinco personas. La apertura de la vista convierte ahora esa acusación en un juicio oral. No resuelve por sí sola las otras causas de Lezo ni determina la culpabilidad de los procesados en esta pieza.

Ocho sesiones para revisar contratos y testimonios

El calendario de la vista contempla ocho sesiones y prevé que termine el 6 de noviembre. Entre los cerca de cincuenta testigos citados figura Esperanza Aguirre, cuya declaración está prevista para el 21 de octubre. También comparecerán antiguos integrantes del consejo de administración del Canal, responsables públicos, técnicos que intervinieron en los proyectos y personas vinculadas a las empresas contratadas. Sus testimonios pueden ayudar a reconstruir quién propuso cada cambio, qué informes se presentaron y cómo se justificó la participación de TCT.

La prueba no se limita a declaraciones. El tribunal deberá valorar los expedientes administrativos, las modificaciones del proyecto, los contratos, las subcontrataciones y los pagos que las acusaciones consideran relevantes. La secuencia puede aclarar si las decisiones respondían a necesidades técnicas de la obra o si ocultaban una ventaja para personas relacionadas con cargos públicos. Esa conclusión solo podrá formularse después de valorar el conjunto de pruebas y las explicaciones de las defensas.

La vista de Madrid aborda, en suma, una pregunta concreta: si dos contrataciones para construir y explotar el campo de golf se tramitaron de forma legítima o si se utilizaron para favorecer a una empresa ligada a familiares de Ignacio González. El juicio permitirá escuchar las versiones enfrentadas y revisar los documentos de ambas operaciones. Hasta que el tribunal resuelva, las acusaciones siguen siendo provisionales y ninguna de las personas procesadas debe presentarse como culpable.