La Comunidad de Madrid prevé instalar 1.123 cámaras en 564 puntos de control de acceso de municipios con menos de 20.000 habitantes. El despliegue, incluido en el programa Pueblos con Vida, comenzaría en el segundo semestre de 2027 y tendría una inversión regional de 17 millones de euros durante cinco años. La cifra distingue dispositivos y ubicaciones: son 1.123 cámaras distribuidas entre 564 puntos. El ámbito previsto reúne 142 municipios de la región.

La red aún no está operativa. El anuncio concreta el calendario general, el presupuesto y la gestión prevista, pero deja para los próximos meses decisiones que afectan a cada localidad, como la ubicación de las cámaras y la organización de los accesos a los datos. La primera función será leer matrículas. El uso de las imágenes por las fuerzas de seguridad como videovigilancia pública quedaría para una fase posterior.

La primera función será identificar matrículas en los accesos

Los dispositivos se colocarán en puntos de control de acceso y permitirán a los agentes conocer qué vehículos pasan por los tramos vigilados. La lectura de matrículas puede servir para ordenar información del tráfico y apoyar la respuesta ante incidencias, de acuerdo con los objetivos que plantea la Comunidad. El anuncio detalla la lectura de matrículas como primera función, pero no concreta otras capacidades técnicas de los dispositivos. El alcance confirmado es la identificación de los vehículos que pasan por determinados puntos.

La nota autonómica sitúa el proyecto dentro de Pueblos con Vida, el programa regional dirigido a las localidades madrileñas de menor tamaño. El ámbito anunciado comprende 142 municipios por debajo del umbral de 20.000 habitantes. El documento no publica el reparto de los 1.123 dispositivos entre localidades ni los emplazamientos concretos. Por eso, la cifra de 564 puntos no permite saber todavía qué accesos de cada municipio se cubrirán ni si la distribución será homogénea.

La planificación distingue entre municipios que tienen Policía Local y los que carecen de ella. Cuando existe ese cuerpo, se ocuparía de gestionar la lectura de matrículas. Donde no hay policía municipal, los datos podrán integrarse con los servicios de emergencia y el Centro de Coordinación Municipal, conocido como CECOM y vinculado a Madrid 112. Esta diferencia importa para saber quién tendrá acceso operativo a la información en cada pueblo, una cuestión que no se resuelve solo con la instalación física de los aparatos.

El presupuesto cubre equipos, mantenimiento y almacenamiento

La Comunidad cifra en 17 millones de euros la inversión prevista para cinco años y asumirá el coste de las cámaras, su mantenimiento, la plataforma tecnológica y la infraestructura en la nube en la que se alojarán y custodiarán las imágenes. El periodo presupuestario da una referencia sobre el alcance financiero del proyecto, pero el anuncio no desglosa cuánto corresponde a cada ejercicio, a la compra de equipos o a los servicios de conservación de datos.

Tampoco se ha difundido una relación de los 564 emplazamientos ni cuántos corresponderán a cada municipio. Una información publicada por 20minutos recoge que los ayuntamientos podrán decidir si quieren disponer de cámaras. De momento, la documentación pública del anuncio no identifica qué consistorios han confirmado su participación, qué accesos se priorizarán ni si habrá una secuencia territorial concreta. Los 142 municipios delimitan el grupo destinatario, pero no forman todavía una lista de instalaciones con fecha asignada.

Para quienes viven o se desplazan por esas localidades, la diferencia será visible en el lugar y el momento de instalación. Hasta que se conozcan los puntos, no se puede afirmar que una carretera o un núcleo concreto quedará cubierto. El proyecto también abarca el mantenimiento y el soporte tecnológico, así que su continuidad dependerá de cómo se contraten y operen esos servicios, además de la colocación inicial de las cámaras.

La videovigilancia pública llegará después y requiere garantías

El plan plantea dos usos sucesivos. Primero, los equipos leerán matrículas. En una segunda fase, la información de las zonas videovigiladas podría quedar a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidencias. La información publicada por la Comunidad no acredita que esta segunda fase tenga ya las autorizaciones necesarias. Europa Press informó de que su habilitación dependerá del visto bueno del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno.

La videovigilancia policial en espacios públicos está sometida a la Ley Orgánica 4/1997. Ese marco establece criterios de proporcionalidad para autorizar cámaras fijas y exige que la autorización se refiera a un lugar público concreto. La norma no convierte automáticamente en operativa cualquier cámara instalada para leer matrículas. En este plan, el paso desde el control de accesos hasta el uso policial de imágenes queda condicionado a la fase posterior y a los permisos correspondientes.

Quedan por conocer también el procedimiento para que cada ayuntamiento solicite o acepte el sistema, las ubicaciones definitivas, el calendario por municipios y las reglas concretas de custodia y acceso. La Comunidad sí ha detallado quién asumiría los costes y cómo se organizaría la gestión según exista Policía Local. Esos datos permiten entender la estructura del proyecto, aunque todavía no bastan para saber qué verá cada vecino en su localidad.

La fecha prevista sitúa el comienzo del despliegue en la segunda mitad de 2027. Antes de entonces, los anuncios sobre nuevas ubicaciones o permisos deberán aclarar qué función tendrá cada cámara y quién podrá consultar sus datos. Para los municipios pequeños, la promesa es una infraestructura común pagada por la Administración regional. Su utilidad dependerá de que la instalación se adapte a las necesidades locales y de que la ampliación a videovigilancia pública respete las autorizaciones y garantías aplicables.