El concurso para ampliar la Asamblea de Madrid y construir una sede para la Cámara de Cuentas en Puente de Vallecas fija un límite de 16.403.427,60 euros de presupuesto de ejecución material para las obras. Al sumar gastos generales, beneficio industrial e IVA, el cálculo alcanza 23.619.295,40 euros. Ese máximo orienta el diseño, pero no es un contrato de construcción adjudicado ni dinero ya gastado.

El techo de obra y el contrato de arquitectura son partidas distintas

El pliego técnico establece que el presupuesto de ejecución material, conocido como PEM, no puede superar los 16,4 millones de euros. Sobre esa base añade un 13 % de gastos generales y un 6 % de beneficio industrial. El IVA del 21 % se aplica después a la suma de esos tres conceptos. Con el PEM máximo, el cálculo sitúa el coste total previsto en 23,62 millones de euros, IVA incluido.

La cifra sirve como límite para las propuestas arquitectónicas. El proyecto ganador deberá concretar las superficies, los sistemas constructivos y el presupuesto por capítulos. Si la solución elegida cuesta menos que el máximo, el gasto podrá quedar por debajo del techo. Si el diseño no cabe en los límites económicos y urbanísticos, tendrá que ajustarse antes de que pueda licitarse la obra.

La Asamblea tramita por otra vía el concurso de servicios de arquitectura CPAS/2026/01. Su presupuesto base asciende a 1.677.842,61 euros con IVA, de los que 1.386.646,79 corresponden al importe sin impuestos. Esa cantidad cubre los premios, la remuneración del jurado, la redacción de los proyectos y la dirección facultativa. No es el presupuesto de construcción del nuevo complejo.

La convocatoria se publicó el 13 de mayo de 2026 y dio hasta el 13 de julio para presentar propuestas. El concurso es abierto y la decisión del jurado es vinculante. El anuncio prevé cinco premios para finalistas, de 10.000 euros más IVA cada uno, y vincula la adjudicación de los servicios posteriores a quien gane el certamen.

El jurado no elegirá solo por precio. La convocatoria asigna 25 puntos a calidad arquitectónica y funcionalidad, 25 a sostenibilidad e innovación, 20 al mantenimiento, 15 a eficiencia edificatoria y 15 a eficiencia constructiva. Los cinco criterios suman 100 puntos y comparan cómo cada equipo resuelve las necesidades de ambas instituciones dentro del límite económico. Los criterios de mantenimiento y eficiencia obligan a comparar cómo funcionará el conjunto una vez ocupado, además de la imagen y la distribución planteadas por cada estudio.

Un solar para dos instituciones en Palomeras

El proyecto se plantea en la avenida de Pablo Neruda, 140, junto al edificio parlamentario de Pablo Neruda, 142. La parcela se encuentra en Palomeras Bajas, dentro del distrito de Puente de Vallecas. La documentación urbanística identifica 3.444 metros cuadrados de superficie de suelo, mientras que la medición catastral es de 3.413 metros cuadrados.

El programa puede resolverse en uno o en dos edificios. La sede de la Cámara de Cuentas ocuparía el nuevo inmueble, que también serviría para ampliar las dependencias de la Asamblea. La institución fiscalizadora trabaja actualmente en un edificio alquilado en la calle de Ramírez de Arellano, 15. La Asamblea, por su parte, señala en el pliego que necesita más superficie para algunas funciones vinculadas a su actividad.

El aparcamiento forma parte del programa. El pliego reserva 90 plazas para la Cámara de Cuentas y 50 para la Asamblea, junto con archivos y espacios de instalaciones. Los accesos peatonales de las dos instituciones tendrán controles independientes. La conexión entre las zonas de garaje y los edificios deberá permitir que el personal autorizado llegue a su puesto sin atravesar los controles de la otra institución.

La solución no debe agotar toda la edificabilidad disponible. Las bases valoran que el diseño deje margen para nuevas construcciones en el futuro, incluso bajo rasante. Ese requisito condiciona el reparto del solar y la relación con las dependencias existentes. También obliga a decidir qué espacios se construyen ahora y cuáles se preservan para posibles necesidades posteriores.

El terreno se había transferido para vivienda protegida

El solar volvió al patrimonio de la Comunidad de Madrid en 2025 tras no haberse destinado a la promoción de vivienda protegida. La parcela había sido transferida al entonces IVIMA en 2000. La orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de abril de 2025 consideró resuelta la cesión y acordó su reversión. El texto recoge que la Agencia de Vivienda Social no se opuso porque no había utilizado el terreno para ese fin, y atribuye la falta de viviendas a los usos urbanísticos de la parcela.

El pliego del concurso describe el terreno como suelo dotacional para Administración Pública y lo incorpora al ámbito de la nueva sede y la ampliación parlamentaria. La propuesta de la Asamblea cambia así el destino concreto planteado para el solar, aunque mantiene su uso como equipamiento público. Ese recorrido explica por qué el debate sobre el proyecto incluye tanto su coste como la posibilidad de destinar el terreno a viviendas o servicios accesibles al vecindario.

La prioridad y el uso del solar, en el centro de las críticas

Más Madrid cuestiona que la Asamblea necesite ampliar sus dependencias y sostiene que la Comunidad dispone de otros inmuebles donde podría instalar la Cámara de Cuentas. También defiende que el solar pueda ofrecer servicios útiles para los vecinos de Palomeras Bajas. El PSOE pone en duda que el gasto sea prioritario y relaciona el cambio de destino con la demanda de vivienda pública.

La Asamblea ha trasladado que tiene remanente suficiente para afrontar el proyecto. Sin embargo, a 20 de octubre de 2026 no se había decidido si la Cámara de Cuentas contribuiría al coste. Esa cuestión afecta a cómo se repartiría la financiación, pero no altera el límite máximo que el pliego impone al presupuesto de obra.

Las críticas políticas se refieren a la conveniencia de la inversión y al uso del suelo. La cifra del pliego, por sí sola, no demuestra cuánto terminará costando el edificio ni qué parte se ejecutará. La comparación correcta es entre el máximo previsto para las obras, el coste del contrato de arquitectura y las decisiones que todavía deben tomarse.

Qué falta para conocer el precio de las obras

El concurso de arquitectura debe seleccionar una propuesta que responda a las necesidades de las dos instituciones. Después, el ganador debe desarrollar el proyecto básico y el proyecto de ejecución, tramitar las autorizaciones y definir las mediciones y el presupuesto detallado. El propio pliego prevé que el proyecto de ejecución incorpore el presupuesto completo de la actuación.

La construcción requerirá un procedimiento de contratación propio. El anuncio del concurso de servicios reserva nueve meses para licitar el contrato de obra dentro de una previsión global de 52 meses. De ese total, calcula unos 43 meses para el contrato de servicios desde su formalización y otros 12 meses de garantía una vez terminadas las obras. Son plazos de planificación, no una fecha confirmada de inicio o apertura.

Por ahora, los 23,62 millones de euros representan el techo calculado para construir, con gastos generales, beneficio industrial e IVA. El contrato de arquitectura sirve para elegir y desarrollar el proyecto. La adjudicación y el coste final de las obras dependen de la fase posterior.