El Ayuntamiento de Madrid elevará del 4 % al 4,25 % el porcentaje mínimo de contratación municipal que reservará en 2027 para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. La Junta de Gobierno acordó el cambio el 12 de noviembre y el Consistorio estima que la nueva proporción equivale a una reserva de al menos siete millones de euros. La nota municipal calcula que el mínimo aumenta en 400.000 euros respecto a 2026.

La cifra marca un suelo, no el importe definitivo de una convocatoria ni una bolsa que se reparta directamente entre entidades. El paso que falta es el plan municipal de 2027: el Ayuntamiento prevé aprobarlo antes de que acabe 2026 mediante un decreto del área de Economía, Innovación y Hacienda. Ese documento debe concretar qué contratos, acuerdos marco o lotes se reservarán y ofrecer a los posibles licitadores una previsión más útil que el porcentaje global.

Qué cambia y qué significan los siete millones

El salto del 4 % al 4,25 % equivale a 0,25 puntos porcentuales. La Junta ya fijó para 2026 un mínimo del 4 %, estimado entonces en 6,6 millones de euros. Para el ejercicio próximo, el comunicado municipal traduce el nuevo 4,25 % en un mínimo estimado de siete millones y habla de un incremento de 400.000 euros. El importe está presentado como estimación; no es una adjudicación ya realizada ni acredita por sí solo cuánto se pagará finalmente por contratos.

Conviene separar el mínimo anual del plan concreto. En el Plan Municipal de Reserva de la Contratación de 2026, aprobado por decreto y publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento el 17 de diciembre de 2025, el Consistorio reunió previsiones de contratos por 9.656.288,09 euros. El plan quedaba 3.056.288,09 euros por encima del mínimo estimado de 6,6 millones, pero ese importe reunía previsiones de contratos incluidos: no era gasto efectivamente ejecutado. La propia nota sobre 2027 recuerda que el plan del próximo año podrá superar el porcentaje mínimo.

Para 2026, el acuerdo municipal calculó el 4 % sobre los importes de adjudicación de 2020 de determinados contratos municipales de suministros y servicios, acotados por los códigos CPV del anexo VI de la Ley de Contratos del Sector Público. El comunicado de 2027 ofrece el porcentaje y la estimación económica, pero remite al futuro decreto para conocer las directrices y la relación de contratos. Por eso, las entidades interesadas deberán revisar ese acuerdo y el plan cuando se publiquen, en vez de trasladar sin comprobación todos los detalles metodológicos del ejercicio anterior.

La reserva abarca la contratación del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal. No es una medida general para cualquier contrato de la Comunidad de Madrid ni para todas las administraciones que operan en la región. Entre las actividades que el Consistorio cita en los contratos reservados figuran limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, imprenta, almacenamiento, reparto y tareas administrativas o auxiliares. Son ejemplos de servicios que han aparecido en la contratación municipal, no una lista cerrada de lo que incluirá el plan de 2027.

Qué entidades pueden concurrir

La disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 permite que los órganos competentes fijen porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en ciertos procedimientos o lotes para entidades que cumplan las condiciones legales, y contempla también la reserva de ejecución de contratos en programas de empleo protegido. No convierte el porcentaje en una subvención ni otorga automáticamente contratos a una empresa por su finalidad social. Cada procedimiento tendrá sus propias prestaciones, condiciones, plazos y documentación.

El Ayuntamiento usa la denominación «centros especiales de empleo de iniciativa social» en su anuncio y la ley de contratación conserva esa expresión. La versión vigente del Real Decreto Legislativo 1/2013, actualizada en octubre de 2026, denomina «empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad» a las entidades de este ámbito. Fija que la plantilla esté formada, como mínimo, en un 70 % por personas trabajadoras con discapacidad; para que tengan carácter de iniciativa social exige además participación superior al 50 % de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o con carácter social, y la reinversión íntegra de los beneficios para crear empleo y mejorar su actividad social. Por eso conviven dos denominaciones en los textos vigentes: la ley de contratación conserva la expresión anterior y el artículo 43 del texto de discapacidad emplea la nueva; el pliego de cada licitación concretará las condiciones de participación.

Las empresas de inserción son otra figura. La Ley 44/2007 las define como sociedades mercantiles, laborales o cooperativas calificadas por la administración competente, cuya finalidad estatutaria es facilitar el acceso al empleo ordinario de personas expuestas a vulnerabilidad o exclusión social mediante actividad económica e itinerarios de inserción. La norma exige mantener en plantilla un mínimo anual de personas en proceso de inserción —al menos el 30 % durante los tres primeros años y el 50 % desde el cuarto—, además de la inscripción y otros requisitos. La contratación pública reserva oportunidades a organizaciones que acrediten esa condición; no a cualquier empresa que declare tener objetivos sociales.

Hay un detalle que merece comprobarse al leer la información municipal. La nota del 12 de noviembre afirma que las empresas de inserción deben aplicar al menos el 80 % de sus resultados a mejorar o ampliar sus estructuras. Sin embargo, la versión consolidada de la Ley 44/2007 publicada el 9 de abril de 2026, vigente desde el día siguiente, establece en su artículo 5 que los estatutos deben obligar a reinvertir el 100 % de los resultados de los excedentes disponibles en la mejora o ampliación de las estructuras productivas y de inserción o en el incremento de fondos propios, sin reparto de beneficios. Para conocer el requisito vigente de una licitación, prevalece la normativa actual y la documentación específica del procedimiento sobre el resumen divulgativo del comunicado.

Qué hacer mientras se aprueba el plan

A fecha de publicación de esta guía, el plan de 2027 todavía estaba pendiente. Las empresas que ya estén acreditadas o que valoren participar pueden usar el plan de 2026 como referencia para conocer el tipo de documentos que publica el Ayuntamiento y las clases de prestación reservadas, pero no como promesa de que los mismos lotes se repetirán. También pueden seguir el Boletín Oficial del Ayuntamiento, el plan municipal de reservas y el perfil del contratante, donde se publicarán las licitaciones con su descripción y sus condiciones.

Cuando aparezca cada anuncio, hay que comprobar primero si el expediente señala expresamente que se trata de un contrato o lote reservado, quién puede concurrir y qué figura jurídica se exige. Después conviene leer el pliego completo: objeto del servicio, CPV, solvencia, criterios de adjudicación, condiciones laborales, duración, presupuesto, visitas o consultas y plazo de presentación. Una previsión en el plan no sustituye al anuncio de licitación ni a sus pliegos, y un posible licitador debe atender siempre a los requisitos y fechas del expediente concreto.

La Ley de Contratos del Sector Público añade una salida procesal para los procedimientos sujetos a la reserva: si no se presenta ninguna oferta admisible, el órgano de contratación debe declarar desierto el contrato, publicar un nuevo anuncio y abrir un plazo de presentación de igual duración; en esa nueva convocatoria, la condición de centro especial de empleo de iniciativa social o de empresa de inserción no puede exigirse para participar. Es una regla para ese supuesto, no una vía para ignorar las condiciones ordinarias del contrato.

Para las personas que buscan empleo, el aumento tampoco equivale a una inscripción, una plaza o un puesto de trabajo garantizado. La contratación se adjudica a organizaciones que prestan el servicio; son esas entidades las que organizan la plantilla y, en las empresas de inserción, los itinerarios laborales con los servicios públicos competentes. El resultado que se busca es ampliar oportunidades de empleo para personas con discapacidad y para quienes afrontan barreras de acceso al mercado laboral, pero las cifras de reserva no permiten saber cuántas contrataciones individuales se producirán en 2027.

La diferencia práctica llegará con el plan y con los concursos concretos. Los siete millones estimados fijan el nivel mínimo anunciado; la lista de servicios, los lotes y las condiciones de participación mostrarán dónde se materializa ese compromiso y qué entidades pueden presentar una oferta en cada caso.