El Ayuntamiento de Madrid atribuye a la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR) un papel clave en la reducción de las pintadas ilegales. En el balance que presentó el 11 de noviembre de 2026, la Policía Municipal enumera 802 expedientes, 628 informes, 875 denuncias, 63 personas investigadas, 1.466 identificadas y 190 atestados remitidos a juzgados de instrucción, además de 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente. Son datos de actividad acumulados durante casi tres años. Por sí solos no indican cuántas pintadas se realizaron, cuántas se retiraron ni qué actuaciones acabaron en una sanción o en una condena.

Siete cifras que miden fases distintas

La lista reúne documentos, procedimientos, personas y remisiones a otras instituciones. Un expediente no es lo mismo que una denuncia. Tampoco un informe equivale a una persona identificada. Como el balance presenta estas categorías por separado, no conviene sumarlas ni asumir una relación de uno a uno entre ellas. Una denuncia puede describir unos hechos. Un atestado, en cambio, registra las actuaciones policiales y se remite a la autoridad correspondiente.

La diferencia entre las dos cifras de personas también importa. El Ayuntamiento habla de 1.466 personas identificadas y 63 investigadas. Son dos recuentos distintos, pero figurar entre las personas identificadas no demuestra responsabilidad. El balance no convierte esos datos en una tasa de autoría ni en un recuento de sanciones firmes. Tampoco permite concluir que las personas identificadas y las investigadas sean grupos sin coincidencias.

Los 190 atestados remitidos a juzgados de instrucción y los 17 enviados a la Fiscalía de Medio Ambiente describen otra fase del trabajo. El artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal describe el atestado como el documento que recoge las diligencias policiales, los hechos averiguados y las circunstancias que podrían servir como prueba o indicio. El artículo 297 le da consideración de denuncia a efectos legales. Por eso, que se remita un atestado a un juzgado o a la Fiscalía no equivale a una sentencia. El procedimiento puede incluir más diligencias y valoraciones judiciales. La cifra informa de cuántos expedientes policiales se trasladaron a esas instituciones, no del resultado judicial de cada uno.

Los acumulados no muestran el ritmo por ejercicio

El primer balance anual de SEPROPUR, publicado por el Ayuntamiento el 13 de noviembre de 2024, contabilizaba 264 expedientes, 384 denuncias, 42 personas investigadas, casi 700 identificadas y 117 atestados remitidos a juzgados de instrucción. La actualización de noviembre de 2026 ofrece un total de casi tres años de actividad. La comparación confirma que el volumen acumulado creció, pero los periodos no duran lo mismo y las notas no incluyen una serie anual homogénea para cada indicador.

Por esa razón, los totales no permiten saber si la actividad subió o bajó en 2025 o en 2026. Tampoco bastan para medir la productividad de la unidad. Para valorar cambios de un año a otro harían falta cifras separadas por ejercicio, definiciones estables y una indicación de si cada dato cuenta personas, denuncias, expedientes o documentos. Sin ese desglose, dividir el acumulado por años daría una media que ocultaría los cambios de carga y de criterio de registro.

De una pista a una investigación

SEPROPUR combina patrullas y seguimiento con mapas de los puntos más afectados, registro de imágenes y análisis de daños. La Policía Municipal también describe la consulta de fuentes abiertas, la colaboración con las comisarías de distrito y el uso de análisis grafológico para investigar posibles autorías. La unidad mantiene turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, con cobertura de 24 horas, según el Ayuntamiento. La sección coordina actuaciones con limpieza municipal, patrimonio cultural y Fiscalía.

Un reportaje de campo de EFE publicado en abril de 2024 describió ese trabajo desde dentro de la unidad. Además de los patrullajes, seguimientos, cámaras y fuentes abiertas, recogió el uso de rasgos de escritura como indicios para relacionar pintadas. El subinspector entrevistado advirtió que una característica gráfica no es concluyente por sí sola y debe valorarse junto con otras señales. Ese matiz ayuda a entender por qué una identificación no equivale a una investigación cerrada y por qué ninguna de esas cifras debe leerse como un recuento de culpables.

El trabajo puede cruzar señales que, vistas por separado, parecen menores: la ubicación de una pintada, su forma y la conexión con otras marcas. Las autoridades pueden usar ese conjunto para decidir qué diligencias siguen. El balance de 2026 informa de resultados agregados, pero no presenta casos individualizados ni detalla el recorrido de cada expediente. Por eso, los datos describen la dimensión del trabajo policial mejor que su resultado final.

La limpieza y las sanciones siguen otra serie

La ciudad publica también datos sobre las patrullas antigrafiti encargadas de retirar pintadas. En su balance de abril de 2026, el Ayuntamiento cifró en 363.097 metros cuadrados la superficie limpiada en 2025, frente a los 491.535 de 2024. La superficie limpiada descendió un 26,1 % de 2024 a 2025. También comunicó 331 expedientes sancionadores por pintadas en 2025, frente a 361 en 2024. Los expedientes sancionadores descendieron un 8,3 % de 2024 a 2025. El Ayuntamiento presentó esos resultados como parte de sus medidas para frenar las pintadas, pero corresponden a equipos y expedientes distintos de los de SEPROPUR.

Estas medidas sirven para seguir la superficie que los equipos limpiaron y las sanciones administrativas que se tramitaron. No son el mismo registro que los expedientes policiales de SEPROPUR. La superficie retirada tampoco equivale al total de pintadas de Madrid: mide la superficie que limpió ese servicio, no la cantidad de pintadas en la ciudad. La cifra de sanciones depende, además, de actuaciones administrativas, no del número total de pintadas cometidas.

En su comunicación del 11 de noviembre, el Ayuntamiento atribuyó a SEPROPUR un efecto disuasorio y una reducción de las pintadas ilegales. Esa valoración debe leerse como la explicación municipal de la medida. La serie de limpieza aporta un indicador distinto y muestra una caída en metros cuadrados retirados, pero no identifica qué parte del cambio corresponde a la vigilancia policial, a las patrullas de limpieza, a las sanciones o a otros factores. Ninguno de esos datos, por separado, prueba que la unidad haya causado la reducción.

Para evaluar ese efecto haría falta observar resultados con periodos comparables: número de pintadas detectadas, superficie afectada antes de retirarlas, reincidencia, expedientes sancionadores y desenlace de los casos remitidos a juzgados o Fiscalía. También ayudaría publicar cómo se cuentan los expedientes, informes y denuncias, y si cada registro representa un hecho, una persona o una actuación. El balance publicado el 11 de noviembre de 2026 permite conocer el volumen de trabajo declarado por la Policía Municipal. Para saber si las pintadas disminuyen y por qué, se necesitan indicadores de resultado que puedan compararse entre 2024, 2025 y 2026.